El régimen de jubilaciones y pensiones, así como de Seguridad Social, no
dejan de sufrir embites cada vez más violentos, que cuestionan los mismos
principios de solidaridad y universalidad, que son sin embargo los
cimientos que fundamentan la protección social en Francia.
Con el pretexto de luchar contra supuestos privilegios, el gobierno está
disparando una andanada de ataques a las jubilaciones de los ferroviarios
para así poder acosarnos a todos mañana, tanto los asalariados del sector
público como los del privado. Recordemos que el paso a los 41 años de
cotización para todos está previsto para el 2009, y luego a 42 años de
cuotas en 2013. No obstante los privilegios reales no están donde nos lo
señalan. Los patrones, sí, están liberados de cotizaciones sociales, un
regalo de más de 200 millones de euros que se les está dando desde 1991.
¡Luego tienen la osadía de hablar del déficit de la Seguridad Social! ¡No
hay tal déficit! Fue creado y profundizado artificialmente por las
exoneraciones y regalos del Estado a la patronal para justificar el paso
paulatino de un sistema de sanidad basado en la solidaridad para
desembocar en los seguros privados, siendo el provecho lo que quita el
lugar de la solidaridad.
DESTRUCCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
Con 23.000 supresiones de puestos de trabajo en 2008, luego entre 50.000 y
60.000 previstos cada año a partir de 2009, con el agravante de contratos
de duración indeterminada de derecho público en lugar del estatuto del
funcionario, es la muerte anunciada del servicio público.
Las supresiones de empleos tendrán lugar en las escuelas, los colegios y
los institutos, los hospitales, las administraciones, a expensas de los
usuarios, cuando para luchar contra el desempleo y mejorar dichos
servicios son contrataciones masivas las que necesitamos. Por tanto es la
calidad de los servicios públicos ofertados la que va a degradarse en
profundidad, siendo las clases populares las que van a sufrir las peores
consecuencias, reforzando así las desigualdades sociales. El lugar del
servicio público en una sociedad es el reflejo de las elecciones de la
misma. Hoy por hoy va apareciendo una sociedad capitalista cada vez más
desigualitaria y autoritaria.
¡¡¡PÚBLICO PRIVADO, TODOS VAMOS A PERDER!!!
Los ataques contra la protección social de los servicios públicos se
añaden al cuestionamiento del código laboral, para precarizar mejor, con
el menoscabo del derecho de huelga, para acallarnos mejor así como los
ataques contra los extranjeros, para desviar mejor nuestra cólera contra
los responsables reales de la situación social. Así se soslaya el que los
trabajadores inmigrantes son también productores de riquezas, llenando con
sus cotizaciones las cajas de la Seguridad Social y pagar las pensiones.
No obstante, otras soluciones existen. Sólo con el reembolso de las
cotizaciones patronales que se dejan de entregar desde 1991 se podría
colmar el déficit de la seguridad social. La contratación masiva de los
jóvenes donde sea necesario permitiría que los mayores Pudieran acogerse a
un retiro muy merecido. La tasación de los provechos de la especulación,
el cese de los donativos a la patronal (exenciones, stock options y sus
múltiples primas) se podrían invertir en los servicios públicos mucho más
útiles para la población.
Todos estos ataques se hacen contra los trabajadores. Hay que oponerse a
este gobierno que va enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los
asalariados.
En 1995, los tranviarios, los empleados del correo, los docentes y los
asalariados del sector privado impidieron la aplicación del plan Juppé a
la Seguridad Social. En 2006, los estudiantes de institutos y los jóvenes
de las clases populares impusieron el abandono del CPE (Contrato Primer
Empleo). La fuerza de los trabajadores es la movilización, la lucha y la
huelga. Si nos atacan en todos los frentes, ¡tenemos que responder juntos!
Hagamos del 18 de octubre la primera etapa de una movilización general
contra ese gobierno al servicio de la patronal, ¡reafirmando nuestras
elecciones de tipo de sociedad, como el reparto de las riquezas!
Para que ceda el gobierno, una jornada no basta. Hay que empezar a
construir una huelga reconductible, mediante llamadas a asambleas
generales interprofesionales.